La nueva tasa europea que revolucionará el precio del combustible
Los costes de vida han experimentado una escalada significativa en los últimos años, siendo el precio del combustible uno de los ejemplos más evidentes de esta tendencia alcista. Aunque hemos visto períodos de cierta estabilización e incluso descensos puntuales, el repostaje de nuestros vehículos se ha convertido en una carga económica cada vez más pesada. Esta situación está a punto de empeorar considerablemente debido a una nueva medida fiscal europea que se avecina.
El mes de enero de 2027 marcará un antes y un después con la entrada en funcionamiento del RCDE2, denominado oficialmente como el „nuevo régimen europeo de comercio de emisión“. Esta normativa obligará a las compañías distribuidoras de combustibles a adquirir los permisos correspondientes para las emisiones de dióxido de carbono que generan sus productos. Específicamente, deberán abonar una cantidad determinada a la Unión Europea por cada tonelada de CO2 que produzca el combustible comercializado.
La adquisición de estos permisos se realizará a través de un sistema de subastas, lo cual significa que no existirá un precio preestablecido y fijo. Este mecanismo podría dar lugar a movimientos especulativos, donde las empresas compren derechos por anticipado ante la posibilidad de futuras subidas de precios. Aunque los detalles definitivos se conocerán más adelante, todo apunta a que los efectos de esta nueva carga fiscal recaerán directamente sobre los bolsillos de los automovilistas.
El impacto en el precio del combustible será considerable
Esta nueva imposición fiscal, diseñada con el propósito de reducir los gases causantes del efecto invernadero y disminuir las emisiones de CO2 hasta un 62% para 2030 comparado con los niveles de 2005, provocará un encarecimiento sustancial del combustible. Las repercusiones se extenderán tanto a los hogares que emplean combustible para sistemas de calcalefacción como al sector del transporte terrestre y los conductores particulares.
Respecto al sector automovilístico, aún no se ha determinado con precisión el alcance del encarecimiento que supondrá este gravamen sobre el carbono para el repostaje de gasolina o gasóleo. No obstante, los especialistas del sector anticipan un incremento aproximado del 30% sobre los precios vigentes. Esta estimación se traduciría en aumentos que oscilarían entre 25 y 45 céntimos adicionales por litro.
Diversas proyecciones económicas apuntan a que se fijará un coste cercano a los 48 euros por tonelada de CO2, aunque existen estimaciones que superan ampliamente esta cifra, alcanzando los 100 euros. En el escenario más favorable, podríamos enfrentarnos a un incremento de 11 céntimos por litro de gasolina y 13 céntimos por litro de gasóleo, lo que supondría un aumento de varios euros en cada repostaje completo.
Es importante recordar que estas cifras son únicamente estimaciones preliminares, y existe la posibilidad de que el crecimiento real supere las previsiones actuales. La realidad del impacto económico solo se conocerá cuando el nuevo impuesto al CO2 entre en vigor, afectando no solo a los conductores sino potencialmente a múltiples sectores económicos.
En el ámbito del transporte comercial, esto implica que el coste de los productos finales podría experimentar también un incremento para compensar el mayor gasto que deberán asumir las compañías logísticas. En consecuencia, podríamos asistir a un repunte inflacionario generalizado.
España prepara medidas fiscales adicionales para vehículos de combustión
Paralelamente al nuevo impuesto europeo al carbono, cuyo objetivo es la reducción de emisiones en los próximos años, España contempla la posibilidad de implementar gravámenes adicionales específicos para los automóviles de combustión que posean etiquetas ambientales B y C, como estrategia para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos.
Esta medida está recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados y que aguarda su ratificación final tras su tramitación en el Senado. Este texto legal contempla diversas medidas destinadas a impulsar la movilidad eléctrica y desalentar el empleo de los vehículos más contaminantes.
Entre los aspectos más destacados de la Ley figura la posibilidad de modificar ciertos criterios de clasificación de las etiquetas ambientales de la DGT, estableciendo requisitos más rigurosos para las categorías Eco y Cero, un renovado Plan Renove para la compra de automóviles más respetuosos con el medio ambiente y la ampliación de la red de puntos de recarga. Sin embargo, también introduce la posibilidad de establecer un impuesto específico para los vehículos más contaminantes.
Concretamente, se habilita la posibilidad de imponer nuevas tasas a los vehículos de combustión en las Zonas de Bajas Emisiones, incluyendo aquellos que cuenten con etiquetas B y C. Esta medida tendría carácter opcional y quedaría a discreción de cada ayuntamiento, que podría establecer estos recargos basándose en las emisiones de cada vehículo o en su etiqueta ambiental de la DGT.
La implementación real de estas tasas adicionales dependerá de la decisión individual de cada consistorio municipal y será algo que observaremos con el transcurso del tiempo. No obstante, representa una herramienta adicional para desincentivar el uso de vehículos de combustión tradicional en beneficio de los modelos electrificados.